La biomasa aporta importantes ventajas: es más barata que los combustibles fósiles; contribuye al mantenimiento de los ecosistemas forestales.
Pasados unos días desde la publicación del R.D.1/2012,
los miembros de la Alianza por la Bioenergía evalúan el empleo y las
inversiones que se perderán debido a la aplicación de la injusta medida.
Este R.D. supone además mayor dependencia energética para el país y un
aumento de los costes energéticos a medida que suben los precios del
petróleo y el gas natural.
La biomasa aporta importantes ventajas: es más barata que los
combustibles fósiles; contribuye al mantenimiento de los ecosistemas
forestales y a la gestión de subproductos y residuos industriales y
agroindustriales; fomenta y valoriza los sumideros de carbono y,
socialmente, genera mucho empleo de forma continua: hasta 135 empleos
por cada 10.000 habitantes, frente a 9 derivados del uso de combustibles
fósiles (datos de AEBIOM y FAO). Y además es una fuente de energía
gestionable por lo que necesita y genera puestos de trabajo directos e
indirectos en toda la cadena de gestión y producción.
La Alianza por la Bioenergía expone los siguientes argumentos para que el R.D.1/2012 sea derogado:
1) POTENCIA INSTALADA DE BIOMASA MUY ALEJADA DE LOS OBJETIVOS
La potencia instalada con biomasa en España es muy baja. No llega ni
al 40% del objetivo marcado en el RD 661/2007. El PER 2005-2010 asignaba
1.317 MWe pero sólo se alcanzó 1/3 del objetivo. Finalmente, en el
nuevo PER (2011-2020) se ha recortado la asignación a tan solo 870 MW.
En cuanto al biogás de origen agro-ganadero, sólo existen 16 plantas
operativas que acumulan 9,5 MW instalados, apenas un 10% del objetivo en
el antiguo PER
La complejidad de los proyectos de generación eléctrica con biomasa o biogás, junto a la muy ajustada retribución vigente, imposibilitan que estas tecnologías se desarrollen con rapidez o que constituyan una “burbuja”. La prueba está en el parque de plantas de biomasa hoy instalado y en el ritmo de crecimiento, inferior a 40 MWe/año en los últimos cinco años.
Los proyectos de generación con biomasa conllevan un largo período de
construcción, de 2-3 años, por lo que la moratoria supondrá la ausencia
de nuevos proyectos en 4-5 años o más. Los proyectos de biogás
requieren 1 año como mínimo para obtener licencias y otro año para
construcción y puesta en marcha.
2) INCERTIDUMBRE QUE DAÑA TODO UN TEJIDO INDUSTRIAL Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
Una moratoria de duración indeterminada desincentiva por completo
nuevos proyectos o inversiones por la incertidumbre que desprende.
El tejido industrial español que ha apostado por la innovación
tecnológica, y que a día de hoy es capaz de suministrar hasta el 100% de
la inversión en equipos e ingeniería asociado a estos proyectos, se ve
seriamente afectado por la incertidumbre que genera la moratoria: se
detendrá la puesta en marcha de plantas en fase avanzada de proyecto e
incluso de algunas ya finalizadas pero sin preasignación.
Para presentar la solicitud el promotor de plantas bioeléctricas debe
acreditar compromisos de compra de equipos por hasta el 50% de la
inversión y de financiación. La ruptura de estos compromisos puede
suponer un grave perjuicio económico no justificado, sobre todo en
proyectos que ya habían solicitado inscripción en el registro de
preasignación dentro del último trimestre anterior a la publicación del
RDL. En estos casos el inversor cumplió los requerimientos de la
legislación vigente hasta el momento de la presentación del expediente
(RDL 06/09); y es con posterioridad que dicho procedimiento es
suspendido.
La importante promoción de proyectos de biomasa de los últimos años animó a muchas pymes
a invertir en maquinaria y otros equipos específicos, pero ahora ven
peligrar incluso su subsistencia dado que muchos de estas inversiones no
podrán ser amortizadas. En los dos últimos años se han vendido más de
425 equipos de maquinaria utilizada en la biomasa por valor de más de
35 millones de euros.
En cuanto a los proyectos de biogás, en la actualidad hay 34 plantas
en proyecto. De ellas, 25 llevan muy avanzados los trámites e
inversiones a los que obliga el Ministerio para poder entrar en el
registro de pre-asignación. Cada una de estas instalaciones ha invertido
ya 100.000 euros como mínimo, y más de 200.000 € si ya contrataron con
la compañía eléctrica el punto de conexión, aparte del coste de las
licencias municipales
La paralización total del sector supone la desaparición del mercado
necesario para su consolidación. Empresas industriales de gran
relevancia e ingenierías que han apostado por este sector, con el
objetivo de realizar proyectos en España sobre los que basar su
crecimiento exterior, se verán muy afectadas al no poder contar con una
cartera de referencia suficiente para su internacionalización: es muy
difícil ir a “vender fuera” cuando no se puede acreditar un mínimo
sector nacional.
Por otro lado, la reducción de la actividad de pequeñas empresas que
no pueden abordar la internacionalización, única salida inmediata a esta
situación generada, va a provocar su desaparición. La biomasa, por sus
características, supone la participación de múltiples actores, sobre
todo pymes que ahora se encuentran en una situación muy complicada.
3) PÉRDIDA DE BENEFICIOS AMBIENTALES, DESARROLLO AGRARIO Y AHORRO
La valorización energética de la biomasa agrícola soluciona varios
problemas como la eliminación de restos de cosecha que hoy no tienen
salida o de los productos de las labores de mantenimiento de las
plantaciones leñosas (olivo, viñedos, frutales, etc). Estos residuos, si
no se valorizan para energía, se quemarán al aire libre.
Los cultivos energéticos leñosos y la instalación de centrales
eléctricas con biomasa suponen un enorme impulso al desarrollo rural:
ponen en cultivo tierras no utilizadas para producir alimentos, crean
empleos diversificados y posibilita la continuidad de la actividad del
sector agrario.
La fermentación descontrolada al aire libre de residuos
agroindustriales, como ocurre en la actualidad, libera a la atmosfera
gas metano, 21 veces más contaminante que el CO2. Explotaciones
agroganaderas que esperaban solucionar sus problemas de gestión de
desechos gracias a plantas de biogás pierden esta oportunidad de
corregir un grave problema medioambiental. El total de residuos
previstos que iban a ser tratados en esas plantas ronda los 2 millones
de toneladas anuales, lo que habría evitado la emisión a la atmósfera de
casi medio millón de toneladas anuales de gases de efecto invernadero.
Los trabajos selvícolas para obtener biomasa forestal para
valorización energética también lo son de prevención de incendios. Estos
trabajos, realizados en colaboración público-privada, en los que la
gestión correspondería a la Administración pública y la inversión y
riesgo de los trabajos a la empresa privada, proporcionarían importantes
ahorros y ventajas: eliminación de hasta 10-15 millones de toneladas de
materia seca/año, menor inversión en medios de extinción, más puestos
de trabajo en cuadrillas de prevención.
Con la paralización de los proyectos afectados por el RDL quedarán en
el monte entre 5 y 8 millones de peligrosas toneladas de material
forestal y agrícola que incrementarán el riesgo de incendio. Su
eliminación para prevenir los incendios supondrá un coste para la
Administración Pública superior al de la retribución por venta de
energía de dichos proyectos. Este aspecto adquiere suma importancia
ahora que, para lograr el objetivo del 4,4% de déficit a finales de
2012, ya se está recortando inversión pública en trabajos selvícolas
preventivos.
También hay que considerar el coste de gestión de las biomasas que se
abandonan o terminan en vertedero por no valorizarse energéticamente.
En el sector de las biomasas recuperadas, integrado por pymes
con larga tradición y que veían en la biomasa una oportunidad para
reimpulsar su actividad, la moratoria supone una paralización absoluta
de trabajo. Hasta ahora no se gestionaba más biomasa porque no había
suficientes plantas, pero se esperaba la llegada de unos proyectos que
ahora no se sabe si verán la luz.
Las plantas de biomasa no necesitan de un “seguro de funcionamiento”
en forma de ciclo combinado de gas que respalde la potencia que genera;
por lo que suponen para el sistema un verdadero ahorro en potencia fósil
instalada. Esto supone que a los ahorros descritos habría que añadir la
mejora de la balanza comercial por la reducción de la importación de
combustibles fósiles.
Otro elemento de impacto positivo de la generación de energía
eléctrica con biomasa, en este caso común al régimen especial, es el de
la disminución del precio de mercado o pool de la energía. Al ofertar
siempre su energía a precio cero, se reduce el precio de casación. Con
un efecto de ahorro de unos 20 €/MWh sobre el total de la energía casada
en el sistema: unos 25 GW de media horaria anual.
4) DESTRUCCIÓN DE EMPLEO E INVERSIÓN
El principal efecto derivado de la entrada en vigor de este RD va a
ser el despido de numerosos trabajadores y la pérdida de oportunidad en
la contratación de muchos otros. Ya se están preparando los primeros
ERE.
La biomasa es la fuente de energía que más puestos de trabajo,
directos e indirectos, genera por MW instalado al menor coste para el
país. Durante el periodo de construcción (2-3 años) se crean más de 20
puestos de trabajo/MW. Cifra que se mantiene en más de 10 puestos de
trabajo/MW durante el periodo de explotación. Además, la mayoría son
empleos generados en zonas rurales.
Una planta de 15 MWe crea 300 puestos de trabajo durante la
construcción y entre 130 y 170 puestos de trabajo durante la
explotación, dependiendo del tipo de biomasa, agrícola o forestal, utilizada.
La Alianza por la Bioenergía ha recogido en estos días los datos de
38 proyectos de generación eléctrica con biomasa (750 MW instalados)
afectados por el RD-Ley, que deberían ir entrando en funcionamiento en
los próximos 6-8 años. Su no construcción se llevará por delante 8.500
empleos y 2.500 millones de euros, que se dejarán de invertir.
También se ven afectados 34 proyectos de biogás (15 MW), lo que
supondrá una pérdida de inversión de 110 millones y más de 500 puestos
de trabajo (300 empleos durante la fase de construcción en 2012, y otros
200 empleos fijos durante su operación posterior, todos ellos en el
ámbito rural).
Entre el 10 y el 15% de la inversión de una planta producción de
energía eléctrica con biomasa corresponde al parque móvil de maquinaria.
Del 30% de la inversión (750 millones de euros), que corresponde a obra
civil e instalaciones fijas, un 2,5% (18 millones de euros) son
ingresos que los ayuntamientos dejarán de recibir en forma de impuestos
de obra y construcción. A esto habría que añadir la falta de recaudación
por Impuesto de Sociedades y de contribuciones a la Seguridad Social
por los puestos de trabajo que no llegarán a crearse.
La situación económica de agricultores que habían decidido
diversificar su actividad realizando cultivos energéticos también se va a
complicar. Se pierde una oportunidad de generar empleo en medio rural y
un instrumento precioso que contribuye a la reconversión agraria y la
fijación de población.
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