La financiación pública de los partidos políticos, sindicatos y
organizaciones patronales vuelve a ser examinada por el sector más
activo de la Opinión Pública, particularmente después de la drástica
subida de impuestos decretada por el Gobierno entre sus primeras
decisiones de naturaleza económica y fiscal.
En contra de las
insistentes promesas electorales, el Gobierno del PP acaba de anunciar
fuertes subidas para los impuestos sobre las rentas del trabajo y del
ahorro, y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
1.000 euros
más por contribuyente. Esta es, aproximadamente, la cantidad de más que
tendrá que desembolsar en 2012 un español que tenga una nómina o
ingresos por trabajo de unos 30.000 euros brutos al año, una casa en
propiedad y una pequeña cantidad depositada a plazo fijo en un banco,
como consecuencia del "recargo de solidaridad" impuesto por el Gobierno
al IRPF, la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles y el fuerte aumento
del impuesto a las rentas del capital.
Cada español de clase media
tendrá que poner de su bolsillo 1.000 euros más en el nuevo año para
pagar el exorbitante déficit causado por la mala gestión y el
despilfarro de nuestros representantes en las Cortes, en la
Administración Central del Estado, en las Comunidades Autónomas, en los
Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos.
La mayor carga del
sacrificio para sanear unas cuentas públicas que han sido gestionadas
con negligencia recaerá en las clases medias, en la parte más productiva
de la población, la que trabaja y ahorra.
Sacrificio de todos
En
este contexto, la financiación de los partidos políticos, los
sindicatos y las organizaciones empresariales vuelve a ser objeto de
debate para un sector de la Opinión Pública.
¿Comparten,
en igual medida que las clases medias, el sacrificio necesario para
sacar a España de la crisis? Algunos datos y estudios muy relevantes
indican que no.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría
anunció que se reducirá un 20% la subvención a los partidos políticos,
los sindicatos y las organizaciones empresariales.
¿Se trata de
un recorte relevante para el tren de vida que llevan los dirigentes y
las burocracias de estas organizaciones? Muchos observadores y no pocos
datos sugieren que el gasto de partidos, sindicatos y patronales ha
crecido prácticamente sin límites desde la llegada de la Democracia y
que la verdadera regeneración pasa, también, por que se sostengan con
las cuotas de sus afiliados y con un régimen de donaciones privadas
transparente y tasado.
Ariño y Del Castillo: dos informes de referencia
El profesor Gaspar Ariño,
catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de
Madrid, publicó en 2010 un informe de referencia titulado La financiación de los Partidos Políticos en España, elaborado por encargo del prestigioso Foro de la Sociedad Civil.
Según
sus propias estimaciones, las subvenciones totales del Estado,
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales a los partidos políticos
han estado entre los 190 y los 200 millones de euros por año, entre 2005 y 2009.
El
propio autor subraya lo difícil que es manejar cifras precisas y
actualizadas, debido a la opacidad con que los partidos tratan sus
cuentas de ingresos y gastos.
Sí sabemos, en cambio, la
cantidad exacta de las subvenciones a los partidos en el periodo que va
de 1996 a 2005: una media de 184 millones de euros por año.
De
acuerdo con el citado informe, las subvenciones a los partidos, así
como sus gastos, no han dejado de crecer a lo largo de los más de 30
años de nuestro régimen democrático constitucional.
Se ponderará
mejor, teniendo en cuenta estos datos, el valor relativo de la reducción
del 20 por ciento de las subvenciones anunciado por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría el pasado viernes 30 de diciembre.
La eurodiputada española Pilar del Castillo ha estudiado el régimen de financiación de partidos en España para la Fundación FAES.
Al
analizar los valores que inspiran la relevancia constitucional de los
partidos políticos en un régimen democrático como el nuestro, la ex
ministra Del Castillo recuerda que la formación de la voluntad popular
es anterior al Estado y que los partidos, como cauces organizados
indispensables para expresar esa voluntad son emanaciones de la sociedad
y no órganos del Estado.
En consecuencia, a su juicio, el sostenimiento de los partidos políticos debe depender en buena medida de la sociedad. Este principio es aplicable también a los sindicatos y las organizaciones empresariales.
La
crítica al sistema público de subvenciones señala los efectos perversos
de un régimen basado en las transferencias de dinero público. Uno de
esos efectos perversos es la creación de vastas burocracias dirigentes
en los partidos. Su tren de vida no se ha visto afectado por la crisis.
Con cinco millones de personas en el paro, partidos, sindicatos y
patronales siguen viviendo a costa de los contribuyentes.
Otro de
los efectos perversos del modelo de financiación pública de los
partidos, los sindicatos y las patronales, según concluyen los expertos,
es el progresivo aislamiento social de estas organizaciones, su
tendencia a vivir dentro de una burbuja, de espaldas a la realidad y a
los ciudadanos.
Pide a Rajoy la supresión de las subvenciones
En
países como Alemania, los sindicatos y las patronales viven de las
cuotas de sus afiliados. En Estados Unidos y Reino Unido, los partidos
se financian exclusivamente con fondos privados tasados y transparentes.
Es
el momento de reformar el régimen de financiación de los partidos, los
sindicatos y las organizaciones empresariales en España.
Firma la
petición al presidente del Gobierno para que impulse una ley que acabe
con las subvenciones. Que aprendan a vivir de las cuotas de sus
afiliados y de un juego de donaciones limitado y transparente.
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