viernes, 9 de noviembre de 2012

Estudian exigir el DNI para comprobar la edad al acceder a las redes sociales


La Agencia de Protección de Datos (AEPD) ha propuesto al Gobierno incorporar al DNI electrónico de los menores de 14 años un certificado de autenticación, que no es el de firma, con el fin de poder verificar su edad y evitar así que se registren en las redes sociales sin el consentimiento de sus padres.


Así lo ha anunciado el director de la AEPD, José Luis Rodríguez, durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, en la que analizó asuntos de actualidad como el tratamiento de datos de menores en entornos online, la cancelación de datos en internet y el mal llamado "derecho al olvido".

La legislación española no permite el tratamiento de los datos de menores de 14 años, salvo que cuenten con el consentimiento de los padres o tutores, pero la verificación del cumplimiento de este requisito en los servicios ofrecidos por internet, sobre todo en las redes sociales, está planteando "muchas dificultades prácticas", tal y como ha dicho Rodríguez.

La agencia requiere periódicamente a los responsables de las principales redes sociales que operan en España, como Tuenti y Facebook, que les informen sobre las medidas que están adoptando para evitar que estos menores se registren sin el consentimiento necesario y, según Rodríguez, se está avanzando, pero los resultados "aún distan de ser satisfactorios".

Y no lo son, en buena medida, porque no existen mecanismos fiables para verificar la edad, de ahí que la agencia haya planteado al Ejecutivo esta propuesta como una posible vía de solución, y de momento "ha sido acogida favorablemente".

En declaraciones a Efe, tras la comparecencia, Rodríguez ha explicado que este DNI con certificado "permitiría acreditar que la persona es la que dice ser" y que los menores de 14 años son tales, aunque digan, cuando se dan de alta en una red social, que tienen más edad, y por tanto necesitarán el consentimiento de los padres. No queda claro si el DNI se exigiría a todos los nuevos usuarios.

Pero además de esta medida, y para prevenir que los menores puedan ser víctimas de conductas no deseadas, la agencia tiene previsto crear un nuevo espacio online dedicado a formarles sobre la protección de datos, un proyecto en el que se incluirán materiales que podrán ser usados por la comunidad educativa.

Se queja de que Google no censure contenidos

Otra cuestión en la que ha ahondado es el "derecho al olvido", es decir el derecho a eliminar información personal de internet cuando su publicación es ilícita, o a limitar la difusión indiscriminada de esa información personal cuando, aunque la publicación inicial sea legítima, su difusión universal e ilimitada a través de los buscadores causa una lesión de los derechos de las personas.

Cuando la publicación inicial es legítima, como puede ser el caso de los boletines oficiales, o está amparada por el ejercicio de las libertades de expresión o de información, como ocurre con los diarios y las hemerotecas digitales, el "derecho al olvido" no comporta un derecho a cancelar la información, a borrarla de los soportes originales, según Rodríguez.

De lo que se trata es de "un derecho a oponerse a que esa información que ya no tiene ninguna relevancia, ni interés público sea captada y difundida por los buscadores a través de internet".

En esos casos, la agencia se dirige a los responsables de las web para que esa información personal que no tiene relevancia pública no sea indexada por los buscadores, algo a lo que acceden en su mayoría, aunque, según Rodríguez, "con una excepción muy relevante", la de Google, que suele recurrir las resoluciones de la agencia, "impidiendo así que alcancen efectividad y prolongando el daño a los afectados".

Sin embargo, Google ofrece un mecanismo universal para retirar contenidos de su buscador, como también hace su competencia, que es el uso del fichero robots.txt para evitar la indexación.

El director de la agencia ha repasado además, entre otros asuntos, algunos de los datos más destacados de la memoria anual de este organismo de 2011 que dio a conocer el pasado mes de septiembre, como el aumento en un 80% de las reclamaciones recibidas para la cancelación de datos en Internet o para evitar que los datos personales figuren en los resultados de los buscadores. En total fueron 160 solicitudes.

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