miércoles, 17 de octubre de 2012

Los empleados públicos que estén de baja solo cobrarán el 50% de su sueldo


Los empleados públicos de la Administración del Estado que causen baja por enfermedad solo cobrarán el 50% de su sueldo durante los tres primeros días. A partir del cuarto podrán acceder hasta al 75% de su salario.


Según informó el sindicado CSI-F, su aplicación se concretará en una instrucción que publicarán con “carácter inminente” las secretarías de Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos.

Igualmente, desde el día cuarto hasta el vigésimo de la baja laboral del empleado público, ambos inclusive, el complemento que se pueda sumar a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social, en ningún caso podrá superar el 75% de las retribuciones.

A partir del día vigésimo primero, inclusive, se le reconocerá una prestación equivalente al 100% de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.

Protestas y alegaciones
Desde el sindicato apuntaron que “se trata de una medida injusta y arbitraria, porque parte del prejuicio erróneo de que los empleados públicos tienen mayor absentismo que los trabajadores del sector privado y les penaliza por el hecho de caer enfermos”. Además, subrayaron que tendrá un “efecto mínimo en las cuentas públicas porque las personas que lo necesiten seguirán yendo al médico y cogiéndose la baja, como no puede ser de otra manera, en un país moderno y desarrollado”.

Ante esta situación, CSI-F ha presentado al Gobierno una serie de alegaciones para que al colectivo de pacientes en tratamientos, crónicos, como enfermedades cardiovasculares, no se les aplique esta disposición.

Hasta ahora, los empleados públicos percibían la totalidad de su salario durante los 90 primeros días de baja, una situación que ha cambiado con el decreto ley de recortes del 13 de julio, en cuya disposición adicional décimoctava fijaba la entrada en vigor de esta modificación en un plazo de tres meses desde su aprobación.

El Gobierno justificó esta medida para reducir los niveles de absentismo en la Administración y espera ahorrar con ella algo más de 1.000 millones, según el Plan Presupuestario remitido este verano a Bruselas.

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